La semana pasada la
libertad de información en España sufrió un ataque injustificado por parte de
un juez de instrucción de la capital balear, al ordenar éste requisar ordenadores y móviles a dos periodistas de la agencia Europa Press y del Diario de Mallorca, todo ello como consecuencia de las investigaciones que se llevan a
cabo en el caso Cursach sobre una presunta trama policial y política en
negocios de la noche mallorquina.
Esta incautación motivó
la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares de una
querella por parte de estos dos medios por los delitos de prevaricación
judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del
derecho al secreto profesional del periodista.
La masiva protesta de los profesionales de los medios de comunicación a este ataque a derechos tan
importantes como el de la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución, no es corporativismo, sino respuesta a las graves
consecuencias que este acto del juez con el injustificable e irresponsable
apoyo del fiscal, puede tener para el futuro de esos derechos en la democracia
española.
Y todo para
investigar unas filtraciones sobre este caso sometido a secreto judicial,
cuando ya el Tribunal Constitucional dejó establecido que el periodista no
comete ningún delito cuando difunde la información que ha obtenido de una
fuente, pues el secreto judicial lo viola quien extrae la información del
Juzgado y no el medio de comunicación que la da a conocer. En lugar de vulnerar
los derechos fundamentales de unos periodistas, el juez debería investigar de
donde vienen esas filtraciones.
Ataques como este son
también consecuencia de la debilidad por la que pasa actualmente el periodismo,
fruto de su falta de credibilidad y rigor, lo que ha abierto la puerta al morbo
y al amarillismo que se imponen en gran parte de los medios, influenciados y
sometidos cada vez más al poder político y/o económico, perdiendo así uno de
los valores esenciales del periodismo que es la independencia que al mismo
tiempo es su fortaleza. Una independencia sólida asumida con convicción y
capacidad crítica, que permite informar y opinar de manera veraz y libre.
Por ello,
cualquier actuación o planteamiento que intente vigilar o controlar la profesión
periodística debe ser combatido con todas las armas del Estado de Derecho.
Solo así el periodista podrá informar verazmente y garantizar el pluralismo, al
mismo tiempo que recupera su credibilidad profesional supervisora de los
grandes poderes como servidor de la democracia y de la sociedad a la que
pertenece.