Cuando en el siglo XVII en la Cámara de
los Comunes del Parlamento Británico comenzó a conformarse lo que con el paso
del tiempo pasaría a denominarse “lobby”, nacía una forma de relaciones con la
Administración gracias a la cual empresas, patronales y organizaciones sociales
de toda índole pueden conseguir políticas favorables a sus legítimos intereses,
a través de un acceso directo a los representantes de las administraciones
públicas y del poder político, al mismo tiempo que participar en procesos
legislativos y administrativos.
Esta actividad totalmente licita y útil
en las democracias avanzadas, es en los países de nuestro entorno una actividad
empresarial cada vez más implantada que permite a las compañías, organizaciones
empresariales y colectivos sociales, formular propuestas de interés colectivo
sectorial a los poderes ejecutivo y legislativo de una manera regulada.
Así, por ejemplo, mientras en Europa o
Estados Unidos el lobby está sólidamente implantado y ejercido por
profesionales especializados en comunicación política o empresarial y donde en
Bruselas hay al menos 30.000 profesionales del lobby registrados, en España poco
más de un tercio de las empresas del IBEX 35 cuentan con este tipo de
profesionales destacados en la capital del UE.
Eso por no hablar de la práctica
inexistencia de regulación de lobby en nuestro país, donde cada vez es más
imperiosa la necesidad de articular y regular su funcionamiento pues las normas
nacionales, pero especialmente las europeas atañen cada vez más a todos los
aspectos de las empresas nacionales y multinacionales de sectores tan diversos como
el químico, farmacéutico, tecnológico, de la información, agrícola,
zoosanitario, de transportes o energético.
Por todo ello es preciso que hoy mejor
que mañana, el Parlamento regule su funcionamiento para que tanto las empresas
como los ciudadanos puedan conocer con luz y taquígrafos las decisiones que les
afectan, así como a las personas que influyen en los legisladores a la hora de
la elaboración de las leyes por las que luego nos regiremos.
Todo lo que no sea apostar por la
claridad, la información y la transparencia contribuirá a debilitar la
credibilidad de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en sus
representantes, por lo que es muy positivo que organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), haya puesto en marcha un registro
voluntario a nivel nacional para que los ciudadanos sepan la relación que
tienen los lobbies o grupos de presión con la Comisión.
Igualmente y a la espera de una
legislación a nivel nacional, algunas comunidades autónomas como Cataluña,
Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón ya están moviéndose para establecer unos
primeros registros voluntarios para que todos aquellos lobbies y profesionales
de las mismas puedan inscribirse, pues son cada vez más las compañías y
organizaciones empresariales españolas que son conscientes de la importancia de
contar con expertos encargados de defender sus intereses corporativos y
sectoriales ante las administraciones públicas.
