"HAY MOMENTOS , EN LA VIDA, EN LOS QUE CALLAR SE CONVIERTE EN UNA CULPA Y HABLAR EN UNA OBLIGACIÓN. UN DEBER CIVIL, UN DESAFÍO MORAL, UN IMPERATIVO CATEGÓRICO DEL QUE UNO NO SE PUEDE EVADIR"
Oriana Fallaci. Periodista y escritora italiana (1924-2006)

25 de noviembre de 2020

El Gobierno contra el periodismo libre e independiente

En una democracia consolidada como se supone que es la española, el Gobierno y los políticos no pueden, bajo ningún concepto, ser los que decidan lo que se puede o no publicar o sobre qué informar, ya que eso supondría la muerte de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, impidiendo el ejercicio del periodismo libre e independiente de los periodistas, fiscalizadores últimos del poder sea cual sea su naturaleza pero siempre desde el respeto a la pluralidad informativa en exclusivo interés de la democracia y de unos ciudadanos libres e iguales.

Decía James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, que “No hay nada más irracional que dar poder a la gente sin darles a cambio información, porque, sin información, siempre hay abuso de poder”. Y esto, abusar del poder, es lo que muchos profesionales del periodismo y la comunicación sospechan que busca el actual Gobierno de coalición PSOE-Podemos con dos normas que pretenden limitar y controlar la información, el ejercicio del periodismo y restaurar de manera encubierta la censura cuarenta años después de la muerte de Franco.

La primera de ellas, la orden ministerial en la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional para, según el Gobierno, “evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país”, con el objetivo de combatir “la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios”, usando como excusa el European Democracy Action Plan de la Unión Europea para luchar contra la desinformación y las noticias falsas o fake news.

La segunda norma, es la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otros controvertidos puntos como el de secuestrar publicaciones de manera cautelar, contempla que será el Gobierno el que regule el acceso a la información sobre los procesos judiciales y establezca las limitaciones para acceder a ella, otorgando a la Fiscalía “un papel de redactor jefe que no le corresponde”, en acertada expresión del presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Armada, en declaraciones a la edición digital de El Mundo el pasado 19 de noviembre.

Prueba de la inquietud que esto ha provocado en la profesión periodística es que tanto RSF como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han mostrado su preocupación por la futura ley.

Es cierto que hay campañas de desinformación y que las noticias falsas proliferan sobre todo por las redes sociales y que todos, pero especialmente los profesionales del periodismo y la comunicación deben ser los primeros en estar atentos para impedir que se produzcan. Sin embargo, el Gobierno no puede convertirse en juez y parte del problema. No puede investirse de una autoridad que no le corresponde para decidir lo que es verdad o mentira, lo que es información o desinformación, lo que es veraz o es manipulación, porque hacerlo es abrir la puerta al sectarismo y la censura, cuyo último beneficiario es el Gobierno que por su propia naturaleza no es independiente por su mediatización ideológica y por sus intereses de partido.

En una democracia, para verificar si los periodistas o los medios de comunicación cumplen con la ley están los tribunales, nunca el gobierno de turno, porque en una sociedad libre las afirmaciones falsas, manipuladas o tergiversadas son inevitables, solo imponiendo el silencio informativo se pueden erradicar y esto solo ocurre en las dictaduras donde la prensa libre no existe.

La desinformación y las noticias falsas se combaten con más información y transparencia por parte de los poderes públicos, por ejemplo no cerrando el Portal de Transparencia como hizo el Gobierno, para que haya más debate y más espíritu crítico en la sociedad, porque estas leyes que el Gobierno quiere aplicar bajo la excusa de que son para protegernos de las mentiras, no son más que normas que amenazan nuestra libertad de información y de expresión para imponernos, cual dictadura, “su verdad” y el pensamiento único.